La reconstrucción de datos estadísticos parece avanzar a galope tendido en el país, de la mano de los anuncios del Gobierno nacional. Pero es como el camino del infierno, sembrado de buenas intenciones y con hechos poco claros. Por eso el ministro de Justicia, Germán Garavano, tuvo un choque entre las cifras que maneja su cartera para justificar la baja de imputabilidad -dice que en el 26% de los hechos intervienen los menores- con los del Consejo de la Magistratura nacional de 2014 -que señala que, por ejemplo, en Capital federal de 198 homicidios sólo 15 fiueron cometidos por menores de edad- y del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires -las causas abiertas contra menores son el 3,6% de los casos-. “Las estadísticas minimizan el delito juvenil”, rezongó el ministro (“La Nación”, 7/2).
La realidad no se deja doblegar. El año pasado, tras aceptar que la recolección de datos era pésima luego de siete años del apagón estadístico del kirchnerismo, el Gobierno nacional anunció un trabajo serio y ahora, sin haberlo dado a conocer, ya está tirando datos. “Todos los números dan mejor que un año atrás, aunque la gente todavía no lo va a sentir”, dijo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich (Telam, 5/2). “Reconstruimos las estadísticas de 2014 y 2015, y ahora vamos a dar a conocer la de 2016,“ explicó. En materia de seguridad “estamos mejor en todo. En la provincia de Buenos Aires estamos mejor y bajaron los homicidios en la Capital Federal”. La saturación de policías en Buenos Aires y en la costa (en los lugares de veraneo hay casi dos policías por cuadra) forma parte de esa estrategia de mostrar un país pacificado.
¿Se logrará con estos hechos y esas palabras bajar los índices de delito? El ejemplo de difundir sin mostrar está cundiendo. Sin haber expuesto cifras ni la forma de recolección, el secretario de Seguridad de Tucumán, Paul Hofer, dijo en diciembre que hubo una reducción del 10% del delito en la provincia.
El epistemiólogo José Yuni dice (en su último posgrado sobre metodología en la UNT) que no existe en el país la recolección de datos; que estos no se los encuentra como una canasta llena de frutos del bosque. Se los construye sobre la base de determinadas metodologías. Las cuales -habrá que agregar- en nuestro medio siempre han estado bajo sospecha. Como los del Indec en el kirchnerismo.
Detalles reveladores
Frente a eso, sólo se puede sacar conclusiones a partir de detalles. Por ejemplo, nada se sabe del informe del equipo de la Corte Suprema tucumana sobre homicidios en 2015. Pese a que están trabajando con los datos policiales desde mayo, aún no terminan de recabarlos. Según se publicó en LA GACETA, hubo 96 asesinatos en Tucumán en 2015. Podrían ser más. Pero el Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), que usan Garavano y Bullrich, ha tomado el informe policial de mayo pasado y dictaminó que fueron 86. Bullrich explicó que “acordamos con las Naciones Unidas que avalen nuestras estadísticas porque entre 2008 y 2015 no hay ninguna estadística”. Es decir, borrón y cuenta nueva. De hecho, según la nota del 7/2 de “La Nación”, el sistema de alerta temprana consiste en recoger los informes de las comisarías del país antes de la apertura de las respectivas causas judiciales para determinar la veracidad de los hechos denunciados. Ese habría sido el camino para llegar a la conclusión de que los menores intervinieron en el 26% de los hechos delictivos.
¿Cómo se hace esto en Tucumán? Se vio un pantallazo en la reunión de la comisión legislativa de seguimiento y control de seguridad en el marco de la ley de emergencia. El mismo presidente de la Corte, Antonio Gandur, reclamó que el secretario de Adicciones, Matías Tolosa, diera porcentajes y no “números de personas que están en estos tipos de tratamientos, para tener una idea más clara de las necesidades”. Lo mismo reclamó la legisladora Stella Maris Córdoba.
Tolosa había citado datos de la ONU y la Sedronar, organismo nacional. Su equipo explicó cuántos pacientes se trataron en el centro Las Moritas (280 chicos de 14 a 25 años) y sobre las consultas del sistema de salud y prometió aportar más informes. No hubo sobresaltos hasta que el camarista Ricardo Sanjuán pidió propuestas concretas: “Lo mismo le digo a usted, doctor Matías Tolosa; si no, pareciera que vivimos en un mundo ideal con todos los informes que usted nos hace y nosotros sabemos que no es así”.
De inmediato se desató la inquietud sobre cómo recoger los datos. El presidente de la comisión, Julio Silman, se sinceró en que había que ponerse de acuerdo con qué estadísticas trabajar. “Tenemos las de la Nación, las de la Corte, las del Poder Ejecutivo provincial, así que tenemos que ver sobre qué base partimos porque eso también va a ser un motivo de análisis”. Esto no ha sido resuelto aún y esa comisión ya lleva cuatro meses de funcionamiento.
En esa reunión, cuando hablaron los responsables de seguridad, saltaron otra vez los porcentajes: una baja del 10% de los delitos. ¿Sobre qué base? ¿La reconstruida de Patricia Bullrich? Hofer y el jefe de Policía, Dante Bustamante, hablaron de la necesidad de duplicar la planta policial y reconocieron la crisis del sistema al cabo de la década ganada. “Con respecto a logística y tecnología, va todo de la mano con infraestructura. Hoy nosotros no podemos tener la interconectividad entre todas las comisarías para tener el expediente digital o manejar oficios, memorándums... el gasto de hojas que tiene la Policía en mandar memorándum a todas las dependencias es increíble y si tuviésemos la interconectividad ese gasto no existiría: y hoy la tecnología es barata; no podemos abordar o trabajar en pos de tener un sistema interconectado entre todas las comisarias cuando hay comisarías que no tienen cosas básicas”, dijo Hofer.
Pero... hace 11 años, el Estado había anunciado la informatización de las comisarías. “La policía cambia las máquinas de escribir por las PC” se titulaba la nota de LA GACETA del 9/10/06. El entonces ministro de Seguridad, Mario López Herrera, decía que las comisarías se conectarían digitalmente con las fiscalías, que se harían mapas del delito y análisis criminal. “Con este plan la Policía saldrá del siglo XVIII, para ingresar al XXI, como debe ser”, dijo. Tras ese anuncio, comenzaron a poner computadoras en siete comisarías y se encargó a un ejército de pasantes que digitalizaran los antecedentes policiales en la Jefatura. Poco después el proyecto se vino abajo. Julio Saguir, secretario de Gestión Pública y Planeamiento, explica que “la percepción de la importancia de las cosas es finalmente política”. El entonces gobernador, José Alperovich, priorizó la compra de armas y autos (ahora están pidiendo más armas, más autos y más personal) antes que la informatización. Ahí está ahora Hofer diciendo que “el año pasado con los técnicos del Ministerio y de la Policía hemos desarrollado la denuncia electrónica; no hemos podido, esa es la realidad, terminar de calzarla con los técnicos del Poder Judicial por muchos motivos”.
Puro parecer
¿Cómo están haciendo todo? En compartimientos estancos. Cada uno arma sus propias mediciones y las bases sobre las que se sostienen son también personales. Por eso en su informe sobre robo de motos en Tucumán, el jefe de sustracción de Automotores Marcelo Beltrán, y el jefe de la Regional Capital, Teófilo Rodríguez, aprecian que hay días durante los que se roban 12 motos; y otros días, operativo policial mendiante, cuando se baja la cifra a cuatro o cinco. “Parece que todo el mundo decidió delinquir. Antes era difícil tener un socio para salir a robar, pero ahora es lo más fácil y por eso salen en grupo. Y cuando hay algo que te supera en número, así tengas un ejército rodeando la ciudad, va a seguir habiendo robos”, dice Rodríguez. Estimaciones basadas en percepción policial, y sólo en la capital. Pero eso no es ciencia de recolección de datos.
Dicen los fiscales que la Corte dio la orden el año pasado de que todos los datos se consignen, según un protocolo, en la mesa de entradas penal. Pero esa sección no depende del Ministerio Fiscal, sino de la Corte, y por lo tanto los fiscales siguen teniendo acceso sólo a los informes que les corresponden a sus oficinas. Hay una poelea entre el Ministerio Fiscal y la Corte por el dominio de mesa de entradas penal. Y no se resuelve.
Así las cosas, ¿qué estadísticas recibe la Nación para elaborar los informes que dan cuenta de una mejora en los índices de seguridad? Nadie puede decirlo, porque la discrecionalidad en la selección de datos sigie presente. Bien (o mal) dice Viviana Lencina, experta en estadística, que “el IPC que elabora el Indec no contempla el movimiento de los precios en Tucumán” (LA GACETA, 11/2). Es que la recolección de datos se hace según las ganas. Cuando se presentó el portal web de estadísticas de la provincia, se dijo que sólo 20 áreas del Estado (sobre 100 invitadas) cargaban datos. Cuestión de estimular la confianza, como dice Saguir. Pero esto favorece el ocultamiento y la construcción arbitraria. Porque, en definitiva, las estadísticas son el imperio de los medios sobre los fines.